Las zonas de excepción económica (ZEE) no son un experimento marginal del capitalismo contemporáneo. Según el historiador Quinn Slobodian, es la metamorfosis ulterior donde el Estado cede competencias regulatorias a cambio de capital extranjero y, añade la profesora de derecho Katharina Pistor, el capital no se protege por acumulación sino por una codificación jurídica donde quien controla el tratado de inversión, la garantía de estabilidad y el foro de arbitraje controlará el activo, aunque el Estado anfitrión cambie de gobierno. Honduras entre 2013 y 2026 es el caso que permite observar ese código operando en tiempo real, en tres fases que no dependen de que el Estado receptor sea débil. Se puede retorcer el sistema.
La captura del marco regulatorio
La primera fase es la captura del marco regulatorio. En 2013, los fondos vinculados a Peter Thiel —cofundador de PayPal, primer inversor de Facebook y presidente de la junta de Palantir— impulsaron en Honduras la creación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, las ZEDE. Cuatro magistrados de la Corte Suprema declararon el proyecto inconstitucional. El presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, los destituyó. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó después a Honduras por esa destitución. Hernández gobernó el país entre 2014 y 2022, el período en que se firmaron los acuerdos que dieron origen a Próspera, la ZEDE instalada en Roatán.
Peter Thiel en una conferencia tecnológica en Arizona en 2022 © Gage Skidmore
La activación del arbitraje
La segunda fase es la activación del arbitraje. Cuando Xiomara Castro derogó las ZEDE en abril de 2022 con el voto unánime del Congreso, Honduras Próspera Inc. presentó ante el CIADI una demanda por 10.775 millones de dólares. Esa cifra circuló durante tres años como el símbolo del caso, pero en octubre de 2025 la propia empresa la redujo un 85%, a 1.630 millones, según confirmó la Procuraduría hondureña. El monto individual bajó, aunque el riesgo agregado del país no lo hizo y hoy Honduras enfrenta unas 16 demandas internacionales por 19.440 millones de dólares, equivalentes al 55% de su PIB, casi todas derivadas del mismo ciclo de desregulación posterior a 2010.
La recuperación política del Estado anfitrión
La tercera fase es la recuperación política del Estado anfitrión. Hernández fue extraditado a Estados Unidos y condenado a 45 años de prisión por narcotráfico. El 28 de noviembre de 2025, dos días antes de una elección presidencial que se decidiría por menos de un punto porcentual, Donald Trump anunció que lo indultaría. El candidato que Trump respaldó, Nasry Asfura, fue declarado ganador el 24 de diciembre con 40,27% contra 39,53% de Salvador Nasralla. En marzo de 2026, su gobierno reincorporó a Honduras al CIADI, revirtiendo la salida que había decretado Castro en 2024. El ciclo se cierra donde empezó y la misma institución arbitral que la resistencia política logró bloquear en 2024 vuelve a estar disponible en 2026.
Lo que Honduras demuestra no es la vulnerabilidad de un Estado débil sino la resiliencia del código legal frente a la voluntad democrática expresada tres veces por canales distintos. Hubo jueces que declararon el proyecto inconstitucional, luego hubo un Congreso que lo derogó por unanimidad y hubo una mayoría electoral que lo rechazó en las urnas. Sin embargo ninguna de esas tres instancias bastó. Cada intento de reversión activó una batahola: la remoción judicial abrió paso al marco regulatorio, la derogación activó el arbitraje y la condena penal del operador político original fue neutralizada por un indulto extranjero condicionado al resultado de una elección.
Shenzhen ante y después de convertirse en ZEE © Global Times
El contraste con el modelo chino de zona especial es útil porque desmiente que la fórmula sea inevitable. Cuando China creó sus primeras zonas económicas especiales en Shenzhen en 1980, el Estado retuvo la autoridad regulatoria plena. Los gobiernos locales recibieron delegación de decisión sobre inversión, no un sistema judicial paralelo ni cláusulas de arbitraje que desplazaran a los tribunales nacionales. En el caso de Thiel y Próspera construyen el enclave a través de foros externos al Estado que lo aloja y la variable decisiva no es la apertura económica sino quién conserva el control del código legal que la regula.
Quien controle la interpretación de la ley y ejerza presión internacional, será capaz de doblegar a cualquier estado sin importar su color político. El problema es quien le abrirá la puerta al lobo.
Referencias
- Slobodian, Q. (2023). Crack-Up Capitalism: Market Radicals and the Dream of a World Without Democracy. Metropolitan Books.
- Pistor, K. (2020). The Code of Capital: How the Law Creates Wealth and Inequality. Princeton University Press.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2015). Caso Gutiérrez Navas y otros vs. Honduras. Serie C No. 305.
- Democracy Now! (2025, diciembre 3). Trump indulta al expresidente Juan Orlando Hernández e interviene en las elecciones en Honduras. https://www.democracynow.org/es/2025/12/2/
- CNN en Español. (2025, diciembre 2). Juan Orlando Hernández fue indultado y liberado de prisión en EE.UU. https://cnnespanol.cnn.com/2025/12/02/latinoamerica/juan-orlando-hernandez-honduras-indulto-trump-orix
- LegalClarity. (2026, abril). Próspera Honduras: From charter city to arbitration fight. https://legalclarity.org/prospera-honduras-from-charter-city-to-arbitration-fight/
- Diario Red / Hondurasgate.ch. (2026, abril 29). Audios revelan que Israel pagó la liberación de Juan Orlando Hernández y que Trump lo está ayudando a regresar a la presidencia. Verificación forense: Phonexia Voice Inspector.